Secretaria Técnica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género Integrante del Consejo del ILSB

La presencia de las mujeres en la vida pública, en los órganos de representación popular y las instancias de ejercicio del poder, sigue siendo vista por grupos conservadores de la sociedad y buena parte de la clase política como un sector o un colectivo que “busca una representación específica”, idea atenta contra los principios mismos de democracia, ya que como señala la Maestra Marta Ferreyra, por el hecho de ser la mitad del pueblo soberano, tienen intereses universales tanto como los hombres electos y representantes.

La presencia de las mujeres claramente ha aumentado, pero aún no es sinónimo de una participación política justa y equilibrada, de que su voz o sus intereses sean consideradas por completo.

En esta línea de reflexión, a pesar de los esfuerzos normativos de las últimas décadas, continúa Marta Ferreyra, las mujeres desaparecen del espectro representativo. Por diversos motivos, las mujeres no llegan a los puestos de representación y se pregunta si esto no es causa de las decisiones del electorado. ¿Cuándo se produce esta segregación?

Desde su punto de vista, el problema de la falta de mujeres en los puestos de elección o en la vida política misma, se produce antes, pero también durante y después del evento electoral: se produce incluso en el seno de los partidos políticos, se reproduce en las dinámicas que durante el ejercicio cotidiano del poder hacen inviable o por lo menos muy difícil la continuidad de su presencia.

Para contrarrestar esto México se comprometió a respetar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, a garantizar la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas y su acceso a las funciones de los asuntos públicos.

El Estado mexicano ha suscrito una serie de Tratados Internacionales entre los que se encuentran la Carta de las Naciones Unidas (1945); la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1954); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 3 y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” (ONU Mujeres).

Las recomendaciones generales números 23 y 25 que realizó la CEDAW, en las que dice que de acuerdo con el informe, El Progreso de las Mujeres en el Mundo (Conferencia de Beijing, 1994), para lograr una mayor participación política de las mujeres debe pasarse de simples porcentajes a la paridad de género, a fin de acelerar con ello, la igualdad en materia de participación política[3] son claras al respecto y establecen tres obligaciones fundamentales a los estados partes a saber, dentro de las que resaltan:

“…Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres y a la persistencia de estereotipos de género que afectan a las primeras, tanto por acciones individuales, como por leyes y estructuras e instituciones jurídicas y sociales…”

Con lo anterior, dice: “…se busca el logro objetivo de la igualdad sustantiva y se exige una estrategia eficaz para corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer…”

La Asamblea General de las Naciones Unidas (2011), al resolver el recurso A/RES/66/130, en el que se habla respecto del papel de las mujeres en los procesos democráticos, reafirma: “…que la participación activa de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción de decisiones, es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia…” (Molina Bermúdez, 2014).

Con este marco normativo de por medio, ha sido una prioridad para distintos sectores, entre ellos la sociedad civil organizada cambiar los modos ancestrales de hacer política que excluyen reiteradamente a las mujeres de los puestos de representación y de decisión.

En buena medida se han impulsado esfuerzos para fortalecer los mecanismos y las herramientas que permiten a las mujeres no sólo llegar a los espacios de representación, sino desarrollar una labor sustantiva y tener una participación digna dentro de la vida política de este país. La sistematización de estas experiencias ha resultado clave para continuar con esta labor.

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